lunes, 17 de noviembre de 2008

APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTICULO 1333 DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA PREVISIONAL

APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTICULO 1333 DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA PREVISIONAL

I. ANTECEDENTES.

Cuando un pensionista interpone un proceso de amparo o procedimiento contencioso administrativo, formula como pretensión principal, la inaplicación o revisión de una determinada resolución administrativa emitida por la Oficina de Normalización Previsional, que le ha negado o desconocido el pago de una pensión (aplicación de la Ley Nº 23908, recálculo derivado del Decreto Ley Nº 25967, reconocimiento de años de aportación, otorgamiento de jubilación, etcétera), indicando como pretensiones accesorias, el pago de pensiones devengadas así como el pago de los intereses legales que se hubieren generado.
Nos encontramos frente a un supuesto, en el cual una entidad del Estado (ONP) otorgó o denegó un derecho pensionario a partir de su interpretación de las normas en materia previsional vigentes al emitir la resolución administrativa correspondiente, acto cuya ilegalidad recién se determinará a partir de un pronunciamiento de control constitucional o control ordinario en instancia definitiva, en el cual se reconoce generalmente el pago de los reintegros (devengados) generados por el reajuste, recálculo o reconocimiento respectivo.
Así tenemos que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República han establecido ciertos criterios, en el cual además de amparar la pretensión principal reconocen el pago de las pensiones devengadas así como disponen el pago, previo cálculo desde la fecha de contingencia, de los intereses legales a que hubiere lugar.
Partamos desde la siguiente premisa, ¿El estado está en la obligación de otorgar una pensión adecuada y digna a toda persona?. La respuesta es si, por cuanto el artículo 10 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida, protegiéndola contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa.
Debe apreciarse que el derecho a una percibir una pensión digna y suficiente, tiene una estrecha relación con los derechos a la dignidad, libertad e igualdad, los cuales se encuentran previstos y garantizados constitucionalmente; sin embargo, estos derechos requieren de un instrumento que le brinde una adecuada tutela. Es así, que surgen una serie de controversias que serán ventiladas en los procesos constitucionales y contenciosos administrativos ante el Poder Judicial para reclamar la restitución del derecho afectado.
Al ampararse la pretensión principal, ya sea la inaplicación o la revisión de una resolución administrativa (en sede constitucional o administrativa), ésta no será materia del presente análisis, decisión que no tiene un fin patrimonial, decisión que genera declara u otorga un derecho a percibir una pensión, actos que no tiene un fin patrimonial. Sin embargo, como consecuencia de ello, bajo la idea que la pretensión accesoria corre la suerte de la pretensión principal, surgen a la palestra 02 consecuencias patrimoniales: i) El reconocimiento del pago de las pensiones devengadas, desde la fecha del surgimiento de la contingencia, hecho que tampoco será realmente materia del presente análisis, y, ii) el pago de los intereses legales, que generan éstas pensiones devengadas, concepto que sí formará parte de éste análisis en base a 02 casaciones emitidas curiosamente el mismo día por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, que resuelven amparar su pago con diverso criterio dependiendo el vocal ponente.

II. RESUMEN DE CASACIONES.

a. CAS. 2796-2006 LAMBAYEQUE de fecha 18 de octubre de 2007. Vocal ponente Dr. Acevedo Mena, publicada con fecha 01 de setiembre último.
Recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de vista que revoca la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, declarándola infundada.
Materia del recurso: Interpretación errónea del artículo 1333 del Código Civil, por cuanto argumenta que corresponde el pago de intereses en materia pensionaria por ser un derecho de carácter alimentario y que se generan desde la contingencia.
Punto Controvertido: Determinar si el demandante tiene derecho al pago de intereses moratorios de acuerdo con el artículo 1333 del Código sustantivo, no resultando pertinente pronunciarse desde cuando se deben pagar dichos intereses ya que la sentencia de primera instancia ya lo resolvió.
Considerando:
Cuarto Considerando: El Estado garantiza el pago oportuno de las pensiones que administra, prestación que no debe ser cumplida en forma parcial y debe hacerlo en forma oportuna dentro del plago legal establecido.
Quinto Considerando: Cuando el estado incumpla con su deber de pagar una pensión o lo hace en forma inoportuna o diminuta, materializa una conducta pluriofensiva al infraccionar el deber de protección de los derechos fundamentales a la pensión, a la seguridad social y a la dignidad humana.
Sexto Considerando: finalidad de la pensión de jubilación, es cubrir las contingencias económicas, siendo su monto calculado por la Administración Pública. Si existe un error en dicho cálculo al momento de otorgar dicha pensión, significa que el pensionista no ha recibido lo que la Ley dispone.
Sétimo Considerando: Este error causa un daño al pensionista que debe ser resarcido. No se trata de la restitución de un derecho en virtud del proceso constitucional sino de naturaleza estrictamente indemnizatoria de orden patrimonial. Tratándose de una deuda dineraria pagada de manera extemporánea, debe indemnizarse con el interés moratorio conforme lo prevé el artículo 1242[1] del Código Civil.
Octavo Considerando: Es aplicable además el artículo 1246[2].
Noveno Considerando: En ese sentido el artículo 1333 del Código Civil debe ser interpretado en concordancia con los artículos 1242 y 1246 del Código Civil, de manera que la obligación de pagar los intereses moratorios por los daños producidos por el retardo en el pago de la propia naturaleza del derecho constitucional afectado.
RESOLUCION: FUNDADO recurso de casación, CASARON la sentencia de vista, CONFIRMARON la sentencia que declara fundada la demanda.

b. CAS. 3025-2006 LAMBAYEQUE de fecha 18 de octubre de 2007. Vocal ponente Dr. Rodríguez Mendoza, publicada con fecha 01 de setiembre último.

Recurso de casación: Interpuesto por el demandante contra la sentencia de vista que revoca la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, declarándola infundada.
Materia del recurso: Interpretación errónea del primer párrafo del artículo 1333 del Código Civil.
Punto Controvertido: Determinar si el demandante tiene derecho al pago de intereses moratorios de acuerdo con el artículo 1333[3] del Código sustantivo, no resultando pertinente pronunciarse desde cuando se deben pagar dichos intereses ya que la sentencia de primera instancia ya lo resolvió.
Considerando:
Quinto Considerando: El Estado garantiza el pago oportuno de las pensiones que administra, prestación que no debe ser cumplida en forma parcial y debe hacerlo en forma oportuna dentro del plago legal establecido.
Sexto Considerando: Cuando el estado incumpla con su deber de pagar una pensión o lo hace en forma inoportuna o diminuta, materializa una conducta pluriofensiva al infraccionar el deber de protección de los derechos fundamentales a la pensión, a la seguridad social y a la dignidad humana.
Sétimo Considerando: La finalidad de la pensión de jubilación, es cubrir las contingencias económicas, siendo su monto calculado por la Administración Pública. Si existe un error en dicho cálculo al momento de otorgar dicha pensión, significa que el pensionista no ha recibido lo que la Ley dispone.
Octavo Considerando: Este error causa un daño al pensionista que debe ser resarcido. No se trata de la restitución de un derecho en virtud del proceso constitucional sino de naturaleza estrictamente indemnizatoria de orden patrimonial. Tratándose de una deuda dineraria pagada de manera extemporánea, debe indemnizarse con el interés moratorio conforme lo prevé el artículo 1242 del Código Civil.
Noveno Considerando: El resarcimiento efectivo de un derecho constitucional con contenido patrimonial, exige que el pago del interés se realice desde el momento efectivo en que se debió pagar la pensión en su integridad.
Décimo Considerando: El artículo 1333 del Código Civil, regula la mora automática y la mora con intimación no debe ser de aplicación inmediata, en tanto la obligación de pagar los intereses moratorios por los daños producidos por el retardo en el pago surge de la propia naturaleza del derecho constitucional afectado, por lo que la sentencia de vista hizo una interpretación errónea del artículo antes mencionado.
Undécimo considerando: Que la relación de deuda entre el Estado y el pensionista admite que sea aplicada la naturaleza indemnizatoria de los intereses moratorios que propiamente es de orden general, pero no la regla específica civil respecto a las reglas del momento en que surge la obligación de pagar intereses moratorios, pues la naturaleza del daño es de orden distinto y superior, es decir de rango constitucional, siendo necesario que el momento en que se inicia la obligación de pagar el resarcimiento sea de acorde con la finalidad del Estado respecto de las agresiones sufridas por derechos constitucionales.
RESOLUCION: FUNDADO recurso de casación, CASARON la sentencia de vista, REVOCARON la sentencia declarando fundada la demanda.

III. ANALISIS.

Como se puede apreciar haciendo un minuciosa observación de afuera hacia adentro a las presentes casaciones materia de análisis, responden a un contexto político jurídico de tendencia proteccionista que responde a premisas preestablecidas, en este caso por organismos supra nacionales como criterios plasmados incluso por el Tribunal Constitucional, una política de dar preponderancia a los derechos constitucionales, al respeto irrestricto de los mismos, como a la jerarquía de normas, premisa saludable si con ello se conlleva a una política proteccionista de los derechos humanos, pero todo ello sin forzar interpretativamente normas que fueron sistematizadas y plasmadas para dar respuesta a hechos jurídicos contenidos en actos jurídicos de cotidiana celebración entre particulares, como las obrante en el Código Civil de 1984.
En una sana política y técnica legislativa, lo adecuado es crear normas que recojan y regulen ciertos hechos, legislar sobre temas cotidianos y plasmarlos en normas adecuadas, no forzando normas sustantivas ya existentes que recogen otras premisas como sucede en estos casos con los artículos 1242, 1245 y 1333 del Código Civil, regulado dentro del Libro VI “Obligaciones” del Código Civil, que a mi entender nada tendría que ver al aplicarlo a materia de contenido constitucional-previsional como “El derecho a la Pensión”.
Idéntica circunstancia sucede al sistematizar inadecuadamente al crear como norma procesales especificas al Código Procesal Constitucional de 2003 o la Ley de Procesos Contenciosos Administrativos (Ley 27854), que al final permiten la aplicación supletoria del Código Procesal Civil de 1993, ante los vacíos normativos.
Por lo tanto, es realmente necesario dejar de intentar de forzar normas legales y crear otras que regulen hechos como los que se narran las 02 sentencias casatorias materia del presente análisis, bajo el título de: “obligación de pago de intereses en base al artículo 1333 del Código Civil, en materia previsional”.
El articulo 1333 del código civil por su ubicación sistemática dentro del código sustantivo, regula la figura de la mora en el cumplimiento de una obligación que emana de una contratación entre particulares de índole patrimonial en donde la prestación del deudor es insatisfecha y donde medie una intimación al pago del deudor por parte del acreedor.
La mora, es la no ejecución de una obligación vencida, exigible por el acreedor (o exigida), que deriva de una circunstancia de que responde el deudor. La mora, pues, en cuanto supone un retardo, no es el incumplimiento mismo definitivo de la obligación, sino que comporta un posible cumplimiento, que aún no se ha verificado cuando debía verificarse. De suerte que la mora es un defecto anormal descendente de una relación obligatoria exigible por el acreedor por vía de acción, sin una excepción válida por parte del deudor que puede detener aquélla.
Aquí nacen varias preguntas a continuación: ¿Se puede constituir en mora al Estado Peruano dentro de un proceso constitucional-previsional (en un proceso de amparo o de cumplimiento)? ¿Cómo intimamos al Estado Peruano conforme lo requiere el artículo 1333 del Código Civil? ¿Y si consideramos que el requerimiento fluye desde que ocurre el emplazamiento con la demanda al Estado, por qué se toma en consideración como fecha del inicio del pago la fecha de ocurrida la contingencia (como se expresa en el presente caso)? ¿Realmente se genera interés moratorio o es solo interés legal?
Definitivamente en la etapa de ejecución en los procesos constitucionales es muy compleja de manejar para los operadores jurídicos de los juzgados civiles, (Por qué no se crean juzgados previsionales o constitucionales) por cuanto, una vez reconocido el derecho pensionario previa comprobación del perjuicio del accionante, se debe resarcir el mismo ordenándose el pago de intereses legales mas no intereses moratorios, pues estos nunca han sido convenidos o acordados, ni mucho menos es posible ordenar el pago de un interés compensatorio, debido a que tendría que existir un contrato entre el Estado y el pensionista, con antelación al proceso constitucional. No estamos ante una controversia surgida de una relación jurídico patrimonial, sino ante una controversia surgida de la vulneración o amenaza a un derecho constitucional, que corresponde ser tutelada por el Estado, al otorgar un derecho de pensión, que garantice el derecho a la vida digna y a la integridad del pensionista, que por su inactividad se hace acreedor a un interés legal.
Es correcto, para salvar el impase suscitado por el vacio legal existente, la aplicación por parte de los operadores jurídicos, los artículos 1242, 1245 y 1246 del Código Civil, en cuanto a la aplicación del interés legal, y no el interés moratorio.
A mi entender aplicar el articulo 1333 puede resultar contraproducente e inadecuado pues genera una gran divergencia para determinar el momento inicial del pago, pues este artículo nos remitiría también a los dispuesto por el artículo 1334[4] de la norma sustantiva, en cuanto al nacimiento del interés moratorio desde el emplazamiento con la demanda cuando es judicial por ejemplo, mientras que las diversas jurisprudencias así como criterios preestablecidos por las sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional nos señalan que se debe tomar en consideración la fecha de producida la contingencia.
Otra gran pregunta que nace aquí, es ¿Por qué ésta Sala Suprema hace mención al artículo 22[5] de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para apartarse de un criterio ya establecido precedentemente y argumentar a favor de la aplicación del artículo 1333, si el Tribunal Constitucional (de mayor jerarquía), en casi todas sus sentencias solo prescribe expresamente que se aplique el artículo 1246 del Código Civil, teniendo en consideración el precedente de observancia vinculante[6]?
Resulta increíble que en el mismo día en que fueron publicadas las 02 sentencias casatorias (1 de setiembre de 2008), la misma sala conformada por los mismos vocales se emane dos sentencias casatorias aplicadas a los mismos hechos, versando ambas en la interposición de un recurso de casación por la interpretación errónea del articulo 1333 del Código Civil, arribando a conclusiones similares: “que las deudas previsionales generan intereses moratorios”, pero en la casación CAS. 3025-2006 LAMBAYEQUE, desarrollada por el Vocal ponente Dr. Rodríguez Mendoza diferencia de la CAS. 2796-2006 LAMBAYEQUE, desarrollada por el Vocal ponente Dr. Acevedo Mena, tajantemente se sostenga que el articulo 1333 del Código Civil que regula la mora automática y la mora con intimación no resultando de aplicación inmediata al caso, debido a que la obligación de pagar los intereses moratorios por los daños producidos por el retardo en el pago, surgen de la propia naturaleza del derecho constitucional vulnerado, realizándose una interpretación errónea del primer párrafo del articulo 1333.
Analizando la relación de donde emana la obligación de pagar intereses moratorios por los daños producidos por el retardo en el pago esta es generada entre el estado y un pensionista, deuda dineraria entre ambos debido al reconocimiento de un derecho constitucional no más, hablamos entonces de un derecho constitucional reconocido y cuyo reconocimiento da origen a un contenido patrimonial, no de una relación obligacional (acreedor-deudor) generada de la usanza de la contratación producida en el trafico comercial , y donde cabe aplicar en forma irrestricta las normas del libro de obligaciones del código civil como norma sustantiva y que plasma los lineamientos de las relaciones jurídicos-obligacionales.
Es lógico deducir que la sala capta la incongruencia de la aplicación del artículo 1333 en cuanto a la intimación del deudor que en el caso concreto sería el Estado Peruano y su constitución en mora automática sobre todo en el punto de inicio de la obligación de pago de intereses, que mediante jurisprudencia vinculante queda establecida desde producida la contingencia, entendida como el momento efectivo en el que se debió de pagar la pensión en su integridad, a diferencia de las relaciones jurídico obligacionales entre particulares en donde el cálculo del pago de intereses es desde el momento de interposición de la demanda.

IV. CONCLUSIONES.El artículo 10 de la Constitución vigente reconoce “[...]el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida [...]”.
5. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, en su artículo 9, declara que “[...] toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa
El artículo 10 de la Constitución vigente reconoce “[...]el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida [...]”.
5. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, en su artículo 9, declara que “[...] toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa


Este Colegiado considera que la obligación de pago de intereses exigido por el IPSS, actualmente EsSalud, debe ser necesariamente materia de un proceso en el que sea debidamente emplazado el Banco de la Nación y en el que se determine, mediante sentencia firme, la procedencia de dicha obligaciónEl Derecho de las Obligaciones, es el conjunto de relaciones jurídico patrimonial que tienen por objeto hechos o prestaciones de una persona en provecho de otra.
Si debemos definir a la obligación, podemos decir, que es la relación jurídica convencional o impuesta por la Ley, existente entre 02 personas determinadas (naturales o jurídicas) y que consiste en que una de ellas (el deudor) tenga que ejecutar una prestación de dar o hacer o de abstenerse de hacer algo, en provecho o interés de otra (acreedor).
Las obligaciones constituyen el eje de toda actividad económica tanto en el área del derecho civil (privado común) como en los derechos privados especiales.
Las obligaciones se hacen presentes en todas las esferas del Derecho Civil, por lo que la solución a los problemas y controversias que surgen, es de competencia un juzgado civil.
Ante ello surge estas preguntas: ¿La relación Estado – pensionista, es una relación jurídica de carácter patrimonial? ¿Cuál es la finalidad concreta de un proceso constitucional, acabar con la amenaza o vulneración de un derecho constitucional o el cobro de una obligación pensionaria a cargo del Estado? ¿El pago de los intereses legales de las pensiones devengadas, que surgen en la tramitación de un proceso contencioso administrativo o un proceso constitucional, es amparable?.
En materia pensionaria no es aplicable ninguno de los artículos del código civil, con respecto al Libro VI del código civil de 1984, “El Libro de Obligaciones”, por cuanto, no procede el reconocimiento de pago de intereses legales, por su naturaleza patrimonial, al ser manifiestamente incompatible con los principios estructurales de la seguridad social, que poseen una naturaleza constitucional. No tiene respaldo el argumento que el derecho a la pensión tiene una naturaleza alimentaria.
En este escenario, sin perjuicio de cuestionar la existencia de una obligación de pago que se pueda atribuir válidamente a la ONP por dicho acto (otorgamiento o denegatoria de derechos pensionarios en base a normas cuestionadas –posteriormente– en sede constitucional o contencioso administrativa), resulta claro que no podrá ser alegada la procedencia del pago de un interés compensatorio (por no existir utilización de un dinero o bien que genere contraprestación), ni convencional (no hay acuerdo previo entre las partes), limitándose la discusión a determinar si es viable reclamar el pago de un interés moratorio al cual se le asigne la tasa fijada para el interés legal.
El artículo 1245 del Código Civil de 1984, dispone que el interés legal sea utilizado como una tasa referencial, siendo fijada por el Banco Central de Reserva. Se aplica en los casos, en que debiendo pagarse interés no se ha fijado una tasa específica. El artículo 1242 del mismo código sustantivo, prescribe que el interés puede ser (por su finalidad) de 02 clases: i) compensatorio (cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o cualquier otro bien) o, ii) moratorio (cuando su fin es indemnizar la mora en el pago).
Por su origen, el interés puede ser convencional (cuando ha sido fijado por las partes) o legal (cuando es establecido de manera expresa por la ley).
Por lo tanto, considero, que en materia previsional, no resulta de aplicación las disposiciones del Código Civil relativas al pago de intereses, en la medida que estas tienen por finalidad resarcir o indemnizar, los aspectos particulares de las relaciones jurídicas eminentemente patrimoniales, siendo incompatibles; por lo tanto, con un sistema jurídico (el de las pensiones administradas por el Estado) estructurado en base a un fondo común de reparto en el que prima el principio de la solidaridad y donde los intereses colectivos imperan sobre los individuales.Confirma esta posición lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Civil cuando señala que sus disposiciones se aplicarán supletoriamente a las relaciones y a las situaciones jurídicas de otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Concluyentemente en este caso, considero que existe una clara incompatibilidad de principios estructurales, pero, por el momento es aceptable el criterio de aplicación relacionado al artículo 1246 del Código Civil, con la esperanza de que habrán mejores tiempos, mejores normas
[1]Artículo 1242º.- Interés compensatorio y moratorio.
El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien.
Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.
[2] Artículo 1246º.- Pago del interés por mora.
Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.
[3] Artículo 1333º.- Constitución en mora.
Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligación.
No es necesaria la intimación para que la mora exista:
1. Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente.
2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la
designación del tiempo en que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla.
3. Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación.
4. Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor.
[4] Artículo 1334º.- Mora en las obligaciones de dar sumas de dinero.
En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda.
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985.
[5] Artículo 22. –
Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el diario oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.
Estos principios deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.
Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones juridiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el diario oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.
[6] Sentencia TC. 01417-2005-AA-TC.